Preservar la democracia: obligación de todos

El 23 de febrero de 1981 los políticos españoles intentaban consolidar el reciente sistema democrático votando la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del Gobierno, cuando un grupo de guardias civiles asaltó el Congreso de los Diputados para dar un golpe de Estado. La intervención del rey lo impidió. España apostó por la democracia.

Treinta y dos años después miles de personas se manifiestan al grito de ‘dimisión’ frente al Congreso por la política de recortes del Gobierno y la corrupción. El rey está pendiente de la declaración de su yerno ante los tribunales que puede implicarle en sus turbios negocios. La Guardia Civil, integrada en el sistema democrático como cuerpo de seguridad pública dependiente del Ministerio del Interior y del de Defensa, trabaja con el asesino y exconvicto Emilio Hellín Moro, descubrimiento que ha producido un gran desasosiego. ¿Hay una debilidad institucional propicia para un nuevo intento de golpe de Estado que ponga en peligro la democracia?

El sistema de soberanía popular está avalado por una sociedad que se echa a la calle bajo el lema de ‘verdadera democracia’. Pero tiene un guardián mucho más poderoso, la Unión Europea. España forma parte de una comunidad de países en la que es requisito indispensable tener un sistema democrático, lo que garantiza su preservación. Las elecciones generales de Italia han provocado que el presidente del Parlamento Europeo se pronuncie a favor de la estabilidad y el respeto a los resultados que surjan de las urnas. La soberanía popular es la base de todo país desarrollado, es deber de todos cuidarla.

Para solucionar hay que reformar

El diario El País ha propuesto diez soluciones para salir del colapso que sufre España, entre ellas, la reforma de la ley electoral y la ley de partidos, crear un estatuto de la Corona y mantener pactos en educación y sanidad. Pero para que estas propuestas no queden en parches, mejor o peor rematados, deben estar unidas por el hilo de la reforma constitucional.

La Constitución es la máxima legal que rige nuestra sociedad. Fue aprobada en 1978 como estandarte de la transición al régimen democrático que estaba naciendo en España tras un largo periodo de dictadura. Sin embargo, el paso de los años ha puesto de manifiesto que adolece de claras ineficacias, como el caos de reparto competencial entre Estado y autonomías. Por el momento nadie se ha atrevido a modificarla, salvo cuando lo exigió Europa con el Tratado de Maastricht, pues no ha habido ningún asunto lo suficientemente trascendental como para poner en marcha el mecanismo de la reforma constitucional. Ahora, con los principales colectivos sociales directamente afectados por una situación general que se ha ido de las manos, es el momento de atajar de raíz el problema proponiendo una reforma en la que se corrijan los errores del pasado.

El problema es que un cambio así tiene que ser aprobado por los dos tercios de esos parlamentarios que en gran medida han conducido a esta situación, para después disolver las Cortes, lo que no casa muy bien con su afán de perpetuarse en el poder. La reforma agravada prevista en la Constitución hace que para que la pescadilla deje de morderse la cola, los parlamentarios tengan que cumplir con su trabajo de representar los intereses que la sociedad que les ha puesto ahí le está pidiendo a gritos.

Sin información no hay democracia

Dar ruedas de prensa sin opción a que los periodistas pregunten se está volviendo habitual. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha llegado al extremo de sustituir la rueda de prensa que habitualmente se ofrece tras la reunión del partido por sentar a los periodistas a ver una pantalla por la que se ha retransmitido la conversación. Se ha dicho que esto es reflejo de la pérdida de calidad democrática que sufre el país.

Democracia e información están íntimamente ligadas. Uno de los pilares de un sistema democrático es la participación de los ciudadanos en la vida política y esto se consigue a través de la prensa. Esa es su gran misión: hacer de intermediario entre los poderes públicos y los ciudadanos mediante la información. Los políticos que se presentan en una comparecencia ante los medios para soltar un discurso que los periodistas han de repetir como loros están, no solo ofendiendo a la profesión, sino también incumpliendo con su deber democrático.

Las redes sociales incitaban estos días a los periodistas a no prestarse a estas situaciones. El problema está en que si nadie acude allí ¿quién hace ver el boicot que sufre la información con este tipo de prácticas? Informar también implica la responsabilidad de ir a esas ruedas de prensa en las que no se deja preguntar o hay que sentarse a mirar una pantalla, porque el valor informativo no estará en lo que digan, sino en el cómo lo digan, en el grado de desidia informativa al que ha llegado la clase política. Cómo se trata a la prensa es un índice de la calidad de la democracia, España cada vez parece tener menos.

Artículo opinión sobre la Corona. Cuestión de confianza

Se ha vuelto a abrir el debate: ¿monarquía o república?.  La gota que ha colmado el vaso ha sido, esta vez, la posible implicación del secretario de las infantas, Carlos García Revenga, en el caso Nóos, que ya tiene al yerno del rey, Iñaki Urdangarín, de juzgado en juzgado. Ambos están citados para declarar ante el juez José Castro el próximo 23 de febrero. La confianza de los españoles, entre tanto, va mermando poco a poco. En su día, la monarquía se fue ganando la confianza de los ciudadanos gracias a la actuación de don Juan Carlos en el intento de golpe de Estado sufrido durante la Transición, hasta el punto de que se considerasen más juancarlistas que monárquicos. Pero esta situación está cambiando: jóvenes y no tan jóvenes ven como su Rry se va a cazar elefantes mientras ellos forman parte de los seis millones de parados de España. Entonces, pese a que les pidan perdón, empieza a germinar la idea de que los poderosos están haciendo con  el dinero generado a costa del esfuerzo ciudadano lo que les viene en gana. La desconfianza está sembrada. En este clima, la reina Beatriz de Holanda decide abdicar en su hijo Guillermo, ambos de la misma edad que don Juan Carlos y el príncipe Felipe, respectivamente, y los españoles se plantean si no ha llegado el momento de la regeneración o del cambio radical.

 

España ya sabe lo que es la república como sistema de Gobierno, lo ha intentado en dos ocasiones, tal vez a la tercera fuera la vencida.  El problema está en que los ciudadanos ya no tienen  confianza en sus políticos, con tanta trama de corrupción por todos los lados. La república implica una responsabilidad aún mayor para la clase política y, hoy en día, no es fácil encontrar en ella a alguien que pudiera hacerle frente.

Y, sin embargo, la figura del príncipe Felipe está ahí, formado en las mejores universidades y con un aparente compromiso con la sociedad, proclamando la transparencia de sus fundaciones para desvincularse de las actividades de su cuñado. Parece un buen candidato para asumir la Jefatura del Estado, pero tendrá que ganárselo, no porque hereditariamente no le corresponda, sino porque necesitará recobrar la confianza de los españoles en la institución que va a representar.

Se opte por el sistema que se opte, si es que se pudiese considerar la opción republicana,  ahora es el momento de que aparezca alguien, príncipe azul o no, en quien se pueda confiar como poder institucional.