El 23 de
febrero de 1981 los políticos españoles intentaban consolidar el reciente
sistema democrático votando la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como
presidente del Gobierno, cuando un grupo de guardias civiles asaltó el Congreso
de los Diputados para dar un golpe de Estado. La intervención del rey lo
impidió. España apostó por la democracia.
Treinta y
dos años después miles de personas se manifiestan al grito de ‘dimisión’ frente
al Congreso por la política de recortes del Gobierno y la corrupción. El rey
está pendiente de la declaración de su yerno ante los tribunales que puede
implicarle en sus turbios negocios. La Guardia Civil, integrada en el sistema
democrático como cuerpo de seguridad pública dependiente del Ministerio del
Interior y del de Defensa, trabaja con el asesino y exconvicto Emilio Hellín
Moro, descubrimiento que ha producido un gran desasosiego. ¿Hay una debilidad
institucional propicia para un nuevo intento de golpe de Estado que ponga en
peligro la democracia?
El sistema
de soberanía popular está avalado por una sociedad que se echa a la calle bajo
el lema de ‘verdadera democracia’. Pero tiene un guardián mucho más poderoso,
la Unión Europea. España forma parte de una comunidad de
países en la que es requisito indispensable tener un sistema democrático, lo
que garantiza su preservación. Las elecciones generales de Italia han provocado
que el presidente del Parlamento Europeo se pronuncie a favor de la estabilidad
y el respeto a los resultados que surjan de las urnas. La soberanía popular es
la base de todo país desarrollado, es deber de todos cuidarla.
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